Elecciones desdobladas, acoples y dobles candidaturas, Junta Electoral Provincial (JEP) integrada por miembros de la Justicia y nada de nuevo cupo femenino. Ahí se agota, por ahora, lo central de la reforma política impulsada por el oficialismo. Cerrada con candado. Estos aspectos constituyen el escenario electoral básico de 2019, cada uno trasuntando intereses particulares. Algo llamativo es el aparente desinterés por modificar la integración masculina-femenina en las boletas. A esto se le puede añadir la ley 9.111 que eliminó los partidos municipales y comunales -aunque la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo salvó de sus alcances a Compromiso de Yerba Buena- y la posibilidad de que docentes -optativamente- puedan ser autoridades de mesa en los próximos comicios.
Queda en el tintero, nada menos, definir si la dilucidación posterior de los planteos administrativos ante la JEP serán competencia de la Corte Suprema, como pretende el peronismo y reniega la oposición, o de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, como aspira la oposición y rechaza el Gobierno. Cada lado, con sus posturas pro o en contra, deja entrever que uno u otro ente jugaría en su favor: hay fallos que podrían darles la razón interpretados a la luz de jugadas políticas, más que desde lo jurídico. Deseos contrapuestos que conducen obligadamente a dudar de las motivaciones de los integrantes de ambas estructuras judiciales a la hora de bajar el martillo. Al no apostar por uno y al querer al otro, oficialistas y opositores, indirectamente, contribuyen a desacreditar y a minar la credibilidad de la Justicia. No apuestan a reforzar las instituciones, sino que exponen más sus dudas sobre los hombres que las conducen. Vuelan bajo. Todos.
Retomando, el gobernador Schiaretti, si bien no desdobló los comicios en Córdoba, anticipó en un mes la fecha provincial para alejarla de la posible “influencia nacional” de las presidenciales. Lo admite abiertamente, no lo oculta. El mandatario alterará el Código Electoral para que la votación sea el 12 de mayo y no el 16 de junio, bien distante hasta de las PASO de agosto. La oposición radical habló de manoseo del PJ y rechazó la iniciativa; que por cierto sería sancionada sin problemas porque el justicialismo tiene mayoría en la Legislatura.
Con el mismo criterio, en Tucumán se mantendrá la histórica separación de las elecciones: la provincial en agosto y la presidencial en octubre. Pese a que la Constitución de 2006 habilita a la posible unificación de las fechas, el oficialismo no tiene ninguna razón política y electoral para dar ese paso. Al peronismo la “provincialización” le vino de perillas en las últimas cinco elecciones de gobernador. Para qué cambiar. No va alterar las reglas por más que alguien desde el alperovichismo lo sugiera pensando en el posible arrastre de sufragios de Cristina en la provincia, ya que ahora que el senador se realineó nuevamente a la ex jefa de Estado.
Schiaretti y Manzur integran Alternativa Federal, y ambos prefieren priorizar la pelea local, separados de la nacional, porque aspiran a ratificar la ascendencia territorial conquistada en 2015, sin tener que soportar la posible ola negativa de Cambiemos. Y lo tienen que hacer con bajas sensibles en sus filas; el cordobés ya no tiene a su principal aliado político, José Manuel de la Sota -quien falleciera trágicamente hace poco-, y el tucumano se distanció de su socio y mentor, Alperovich, porque ambos quieren el mismo sillón.
Manzur, en la semana, hizo una sorpresiva invitación a su antecesor: competir entre ellos en una interna en el justicialismo. Se puede entender el convite desde la confianza en la victoria, pero también desde la preocupación por los efectos, aunque con la misma orientación final: tratar de llegar unidos y no fracturados a la elección del año próximo porque la debilidad les puede jugar en contra a todos. Intuición o encuestas.
El gobernador, en varias ocasiones y refiriéndose al peronismo, incluso en el plano nacional, se mostró partidario de que nadie saque los pies del plato. Vale la alusión para la ex presidenta, que lidera Unidad Ciudadana, y para Alperovich, que dijo que peleará por fuera del peronismo. El tucumano deberá defender su tesis en Alternativa Federal, donde no hay una única posición respecto de Cristina, y también en la provincia, donde se presenta un poco más complicado. Difícil porque la grieta se abrió en el oficialismo: la mayoría dirigencial se manifiesta manzurista-jaldista, porque observa que la dupla la tiene más fácil que Alperovich a la hora de pensar en la continuidad en el poder. Pragmatismo peronista. Nadie juega a perdedor, a menos que la taba se dé vuelta sorpresivamente, y en el aire.
El acople, en tanto, es la herramienta electoral preferida del peronismo, por lo que se entiende que no se la haya tocado aduciendo que para eso era necesario reformar la Constitución. Lo más cercano al acotamiento de los acoples -como demanda la oposición- fue la norma que eliminó los partidos municipales y comunales; medida que efectivamente reducirá la presencia de votos en el cuarto oscuro. Recordemos que hubo ciudades donde había más de cien boletas en un aula, tantas que no alcanzaban los pupitres para instalarlas y había que ponerlas en el piso.
La cautelar que habilitó a Compromiso Yerba Buena puede ampliarse al resto con una resolución de fondo en el mismo sentido, con lo que -de verificarse un fallo así- el año próximo se reeditarían las imágenes de 2015. Al margen de estas posibilidades y consideraciones, la clase política está en deuda en materia de una legislación que fortalezca a los partidos y que fije mecanismos de control de la vida interna para convertirlos en herramientas que promuevan mejoras para la sociedad, para que no terminen siendo meras siglas al único servicio de una elección. En suma, el acople no se toca.
La doble candidatura a nivel provincial se resucitó con una intención: dar una mano a los opositores que, indirectamente, pueden favorecer al oficialismo con esa estrategia. Jugarretas electorales que todos aplauden, aunque se ponga en duda la efectividad institucional de este instrumento.
La nueva integración de la Junta Electoral rompe los principios lógicos. Por ejemplo, da por tierra con el principio de contradicción; que básicamente establece que de dos juicios contradictorios (A es A y A no es A) uno necesariamente debe ser falso y el otro verdadero. Por ejemplo, en Tucumán el oficialismo dice que la JEP no está politizada y, en cambio, la oposición dice que está politizada. Uno debiera tener razón, según la lógica. He aquí que el Gobierno remarca que integró el órgano con miembros de la Justicia (presidente de la Corte, y los ministros fiscal y de Defensa) y que, por lo tanto, la despolitizó. Sacó al vicegobernador y al fiscal de Estado, que integraban el Ejecutivo. Punto a favor. Por el contrario, la oposición remarca que los actuales integrantes de esos cargos en la Justicia ocuparon cargos ejecutivos en el oficialismo y que, por lo tanto, es una junta politizada. Razonable también. Sólo en Tucumán puede ocurrir que ambos lados tengan razón, aunque ambas miradas estén sesgadas de parcialidad, e intereses políticos. La lógica al tacho.
Ayer el presidente de la Corte, Daniel Posse, deslizó que prefiere un tribunal electoral. Puede ser un paso adelante para superar la contradicción a la tucumana. Quedará para la próxima gestión. El titular del máximo tribunal dijo algo más: aludió a la necesidad de contar con veedores nacionales y hasta internacionales para la elección de 2019. En suma, lo que se infiere hasta ahora a partir de todo lo expuesto es que unos tratan de que no se repitan los errores del pasado y otros observan que se volverán a cometer irregularidades. La transparencia en la gestión pública y la calidad institucional sigue siendo una deuda en la provincia.
Finalmente, en medio de un reforma política a medias, lo que no apareció en el debate legislativo es la actualización del cupo femenino. Todo indica que se mantendrá tal cual indica la ley 6.592, que establece que las listas deberán tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. O sea, como dice la legislación, intercalando una mujer cada dos hombres en las boletas. La movida nacional, cuyos coletazos llegaron a las puertas de la Legislatura, es promover el fifty-fifty, o sea la mitad de cargos para cada género.
He aquí un problema práctico para los muchachos y relacionado con el sistema de acople. Con el cupo del 30% de mujeres, los “chicos” siempre ubicaban hombres en los dos primeros lugares y luego una mujer. Eso permitía, de mínimo, que dos jefes territoriales o vecinales se pusieran de acuerdo, unieran fuerzas y se ubicaran en los primeros puestos. No es que suceda en la mayoría de los casos, pero ocurre. Un cincuenta-cincuenta puede alterar todo y obligar a que haya más listas, o sea, más acoples. Y, por la ley 9.111, se eliminaron los partidos municipales, quedando las estructuras provinciales reducidas a un centenar de fuerzas. ¿Serán suficientes en el caso de que se modifique el cupo? La respuesta, a partir de cómo miran para otro lado los principales actores, obliga a pensar que va por el lado del no.
Casualmente, en estos días del G-20, hubo dirigentes que apuntaban a la foto de familia de los líderes del encuentro internacional, porque sólo aparecían dos mujeres: May y Lagarde (Merkel llegó tarde para posar); mientras que otras aludían a la escasa presencia femenina en la Legislatura tucumana: 11 sobre 49; menos del 25% del total de cargos, ni siquiera se acerca al 30% que exige el cupo. Para tener en cuenta, para observar los comportamientos y para abrir un serio debate sobre el cupo y el protagonismo de la mujer en la política.